Procurar la integración y mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social, así como de las personas mayores y con discapacidad, desarrollar una política integral de apoyo a la familia o proteger a los menores, entre otras, han de ser pilares que fundamenten la existencia de los poderes públicos.

El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en este ámbito y la Ley 3/2021, de 29 de julio, de Servicios Sociales de la Región de Murcia, establece que el Sector de Servicios Sociales de la Región de Murcia comprende el conjunto de servicios, prestaciones, recursos y actuaciones, de titularidad pública o privada, que tengan por objeto la promoción y el desarrollo pleno de todas las personas dentro de la sociedad para la obtención de un mayor bienestar social y una mejor calidad de vida.

Asimismo, la Ley mencionada indica que las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán contar con una planificación específica en servicios sociales que incluya el conjunto de medidas, recursos y acciones necesarias para lograr los objetivos de la política general de servicios sociales, señalando que será el Plan Regional de Servicios Sociales el instrumento para llevar a efecto esta planificación.

PROCESO PARTICIPATIVO DEL PLAN REGIONAL DE SERVICIOS SOCIALES

La elaboración del Plan Regional de Servicios Sociales ha seguido plenamente la indicación incluida en la Ley 3/2021, de 29 de julio, de Servicios Sociales de la Región de Murcia, concretamente en lo referente a lo señalado en su artículo 56, donde se determina que “en el proceso de elaboración se dará participación a todos los actores sociales y profesionales que intervienen en el ámbito de los servicios sociales, procedentes de la Administración regional, local, de la iniciativa social y los colegios profesionales”.

Este aspecto se ha venido dando desde el momento del inicio de la configuración del Plan, dando participación, a los actores señalados, en aspectos tan relevantes como la fase de diagnóstico, la revisión del mismo, y en la aportación de propuestas de acciones, objetivos o líneas estratégicas, a incluir en la parte operativa del Plan.

Con la finalidad de ampliar la participación ciudadana en la elaboración de este Plan, la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia, como órgano competente en esta materia, considera de especial relevancia realizar un proceso de deliberación participativa al objeto de recabar también de la ciudadanía y la sociedad civil organizada sus sugerencias y propuestas para la implementación del Plan.

El proceso se configura en las siguientes fases: